La comunidad internacional teme que Teherán cumpla su amenaza de enriquecer uranio —primer paso hacia la fabricación de armas nucleares— a pesar de que Irán haya negado esta intención. El pasado mes de junio, la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) firmaba una nueva resolución criticando negativamente la cooperación iraní.

El secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (CSSN), Hasan Rohani, manifestó su malestar a este respecto ya que según él, la resolución reconoce que Irán no ha ocultado nada y ha actuado con transparencia, pero sin embargo, la AIEA aún no ha querido dar por cerrada la cuestión nuclear iraní como todos sus miembros deseaban salvo Estados Unidos, país que acusa a Irán de estar desarrollando armas nucleares.

Estados Unidos lleva considerando a Irán como país del Eje del Mal desde antes de invadir el recién ‘liberado’ Iraq y muchos temen que la antigua Persia corra la misma suerte que su vecino. Lo cierto es que la situación en Irán es absolutamente diferente a la de Iraq, de hecho, Irán no ha invadido a lo largo de la historia a ninguno de sus países vecinos, y en cambio, Irán fue invadida durante la Segunda Guerra Mundial, y por su vecino Iraq en 1980, lo que se prolongó durante ocho años en forma de guerra. Tampoco debe ser olvidado que Irán comparte fronteras con países como Iraq, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán o Turquía, y esto son razones para la legítima defensa, algo que la comunidad internacional reconoce.

Pero Irán se está moviendo inquieta, y no tanto por sus relaciones internacionales, sino por asuntos internos. El 20 de febrero se llevaban a cabo elecciones bajo una enorme polémica: más de 2000 candidaturas reformistas habían sido prohibidas, entre ellas las de 80 diputados reformistas del anterior parlamento. Como protesta los reformistas apostaron por el boicot y los ciudadanos por la abstención; solamente el 50% votó, y el resultado fue un actual gobierno conservador.

De los 66 millones de iraníes, más del 80% no pasa de los 30 años, por eso la mayoría de la población no ha conocido más que el desencanto de las promesas reformistas. Las últimas dos legislaturas reformistas han venido de la mano del presidente Jatamí, dos apoyos a sus promesas reformistas, sin embargo, la misma población que lo votó, hoy se muestra desencantada de nuevo, porque pocas son las reformas visibles.

Lo cierto es que Jatamí engaña, porque no es un radical islámico, pero tampoco es un reformador, él se encuentra en el campo moderador, o lo que es para algunos, un campo estático. En cierto modo parece lógico si se tiene en cuenta cómo es la estructura del Gobierno iraní. La autoridad religiosa o Guía de la Revolución, encarnada en Jamenei, sucesor del imam Jomeini, está siempre por encima de cualquier institución política, esto es, cualquier movimiento que el presidente Jatamí quiera realizar, debe ser siempre ratificado por el Guía de la Revolución, quien es, también, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quien nombra a seis de los doce miembros del Consejo de Guardianes, un órgano de importancia crucial, ya que es el encargado de verificar el espíritu islámico de las leyes, así como la elegibilidad de los candidatos al Parlamento y a la Presidencia. Por supuesto, también nombra al jefe de Justicia, puesto desde el que se eligen al resto de los doce miembros del Consejo de Guardianes. De esta forma, ¿cómo puede Jatamí abrir el régimen, democratizarlo?

La población, de todos modos, lo exige. Durante el invierno de 2002, las protestas surgieron como rechazo a la condena a muerte de un universitario por blasfemia, condena que más tarde sería conmutada. En aquellas protestas, la represión no nació exclusivamente de las fuerzas estatales, sino de bandas radicales armadas con la determinación de atentar contra los manifestantes. Esos actos extremistas fueron denunciados por el grupo mayoritario reformista del Parlamento iraní, aunque de poco sirvió.

La sociedad está dividida, tanto como el régimen; la oposición interior está dispersa, incapaz frente al Consejo de Guardianes, y la exterior se basa en la vuelta de la monarquía de los Pahlevi, algo que no agrada en Irán dados los supuestos encuentros entre el sucesor y dirigentes israelíes. Sin embargo, mientras algunos analistas confían en que esta nueva mayoría absoluta de los conservadores cohesione al frente opositor, otros critican a los agentes externos —como la Unión Europea—, a quienes acusan de no haberse implicado durante el mandato reformista escudándose en que éstos necesitaban tiempo y no presión.

Internacionalmente, estos problemas se unen al empeño estadounidense de que Irán firme el protocolo de no proliferación de armas nucleares con la AIEA. Pero Irán ya manifestó que podría firmar el protocolo si a cambio se levantaban las restricciones sobre los llamados ‘materiales de uso dual’, es decir, aquellos materiales que tanto pueden servir para reactores de uso civil como para plantas armamentísticas. Sin embargo, parece que nadie puede poner condiciones a la Administración Bush, porque Irán recibió la negativa estadounidense, y ahora se enfrenta a la necesidad de aceptar la entrada de los inspectores de la ONU, siempre por sorpresa. Sin embargo, la última decisión será tomada por Jameini en función de lo que él mismo nombró, intereses nacionales.

Mientras EEUU quiere controlar el armamento iraní, proteger a la humanidad de las bombas nucleares, la protección de los derechos humanos queda reservado en otro nivel dentro de la escala de prioridades norteamericana. En realidad, el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, se manifestó sobre Irán a través de la resolución 1999/13, la cual sostenía que acogía con buen agrado las intenciones del Gobierno, pero a continuación enumeraba los asuntos de especial preocupación, como las torturas, ejecuciones, lapidaciones, la falta de las debidas garantías procesales, las discriminaciones contra las minorías religiosas, y sobre todo señalaba: “La continua falta de un disfrute pleno y equitativo de los derechos humanos por las mujeres”.

Más tarde vendrían numerosas nuevas resoluciones en las que se daba a conocer las intenciones positivas del Gobierno iraní, pero en las que se manifestaba el desencanto producido por el retraso de la transformación de esas intenciones en leyes. En Diciembre de 2000, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Hamid Reza Asefi, rechazó la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU para condenar el historial de derechos humanos de Irán 55/114.

El 23 de Junio de 2003, Zahra Kazemi, de 54 años, periodista canadiense de origen iraní, moría tras ser apaleada por tomar fotos en una prisión de Teherán. El Ministerio de Cultura, sin embargo, declaró que la periodista había muerto por un derrame cerebral durante los interrogatorios llevados a cabo tras su detención, y aunque algunos miembros del Gobierno respaldaron la versión del asesinato de la periodista, como el ministro de Sanidad, Masud Pezeshkian, o el vicepresidente Mohamed Alí Abatí, finalmente la presión ejercida sobre la madre de Zahra, consiguió que el cadáver fuera inhumado en Teherán, evitando así la autopsia que las hijas de la fallecida deseaban que fuera realizada en Canadá de forma independiente. El bando reformista acusó abiertamente al bando más ortodoxo de encubrir el asesinato, culpando del mismo al sistema policial y judicial, controlado por la parte más inmovilista del régimen.

Este hecho es un espejo de la situación iraní, un espejo sobre el quiero y no puedo de Irán, donde las intenciones no son lo que cuentan. Nadie dijo que las reformas iraníes deban seguir las directrices de ninguna de las democracias occidentales, pero lo que no puede dudarse es que deben abrir las puertas al imperio de la ley, una ley que respete los derechos humanos y permita al pueblo desarrollarse libremente. Hoy en día Irán sigue chocando consigo mismo, con su rígida estructura política y parece difícil seguir creyendo en un cambio pacífico en el que ya ni los propios iraníes creen.